En el Art. 28 y siguientes de la Ley N°1178, norman el régimen jurídico de las responsabilidades por la función pública en Bolivia (administrativa, ejecutiva, civil y penal). Las responsabilidades ejecutiva y administrativa, son de naturaleza disciplinaria, cuya finalidad es sancionar al servidor público para que corrija su conducta o bien, sea apartado definitivamente de su cargo. En Bolivia (ha diferencia de otros países), se ha creado la responsabilidad ejecutiva, para sancionar disciplinariamente a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Entidades o Empresas Públicas, con un procedimiento distinto al que está establecido para la determinación de la responsabilidad administrariva y si bien; busca la disciplina de la MAE o del Órgano Colegiado (Directorio), su determinación y sanción termina en una RECOMENDACIÓN evacuada por el Contralor General del Estado, que puede o no; ser aplicada y por lo tanto, un saludo a la bandera. Sin embargo, la responsabilidad admnistrativa (así denominada por la doctrina y la legislación comparada sobre el régimen disciplinario para el servidor, funcionario, operario o empleado público), la que se determina aplicándo un procedimiento a cargo de un Sumariante, con instancias de Revocatoria y Recurso Jerárquico (aspecto discutible, pues esas autoridades son juez y parte en el proceso, aspecto que no garantiza independencia e imparcialidad del juez natural). Se prevé que la sanción en el ámbito administrativo, sea gradual según el grado de responsabilidad y la gravedad de la acción u omisión y va desde la pecuniaria (descuento hasta el 20% del haber mensual), luego; la suspensión de hasta 30 días (sin derecho a remuneración, pues de lo contrario sería una vacación pagada) y por último; la destitución o el alejamiento del servidor público de su cargo y con registro de antecedentes ante el Órgano de Control (Contraloría).
Sobre ésta materia hay mucha tela que cortar, por lo que espero sus comentarios y consultas que serán con mucho gusto respondidas.
